Más de 140 organizaciones piden reforzar la respuesta ante la emergencia humanitaria en Ceuta

Tras las llegadas del pasado 30 de julio, se estima que alrededor de 10.000 personas permanecen todavía en Ceuta, muchas de ellas en situación de calle, en espacios informales o en recursos provisionales. Aunque representan una parte minoritaria de las cerca de 80.000 personas que cruzaron la frontera durante aquella jornada, entre quienes continúan en la ciudad se encuentran personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

Más de 140 organizaciones sociales de toda España se han unido a una carta abierta impulsada por Federación Sur Acoge, Asociación Elín, CEAR, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes. Entre sus principales peticiones se encuentran ampliar los recursos de acogida humanitaria, agilizar los traslados a la Península y reforzar la protección de las personas más vulnerables.

Entre ellas se encuentran menores sin referentes familiares, mujeres y niñas que han sufrido violencia o abusos, posibles víctimas de trata, solicitantes de protección internacional, familias con menores y personas procedentes de terceros países que podrían enfrentarse a riesgos importantes en caso de retorno. Las organizaciones reclaman que cualquier procedimiento relacionado con la protección internacional o el retorno se realice de manera individual y teniendo en cuenta las circunstancias de cada persona.

La carta también pide reforzar la coordinación y la responsabilidad compartida entre las distintas administraciones y solicita mayor claridad sobre la aplicación en Ceuta del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Para las entidades firmantes, avanzar en recursos, traslados y coordinación permitiría proteger mejor a quienes permanecen en situaciones especialmente difíciles y, al mismo tiempo, aliviar la presión que soporta la ciudad.

Las organizaciones advierten además de que la emergencia humanitaria está teniendo consecuencias sobre la convivencia en Ceuta y llaman a evitar que la situación sea utilizada para alimentar el racismo, la islamofobia o el rechazo hacia las personas migrantes. La respuesta, defienden, debe permitir que la ciudad recupere progresivamente la normalidad al mismo tiempo que se garantizan los derechos de las personas afectadas.